Comunicado de Prensa La Voladora Radio

México, Distrito Federal, a 27 de junio de 2011.

A la sociedad mexicana.

A los medios de comunicación.

A quien corresponda.

Durante el noticiero «Primera Emisión con Carmen Aristegui» [MVS Radio], el señor Jaime Ramos, consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), realizó hoy diversas afirmaciones que consideramos parciales, falsas y dolosas contra las radios comunitarias y, en particular, contra La Voladora Radio 97.3 FM, de Amecameca, Estado de México.

Al criticar la inminente aprobación del Pleno del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para que sea incorporada a su Reglamento la figura de «radios comunitarias», Ramos expuso que esa es atribución del Congreso, puesto que en la Ley Federal de Radio y Televisión solo existen las «concesionarias» y las «permisionarias».

De manera ambigua, sugirió también que las radios comunitarias son esencialmente «ilegales», ejemplificando con La Voladora, misma que, no obstante haber sido puesta «a operar de manera ilegal», recibió un permiso y ahora emite los spots del IFE «con una cortinilla que dice que lo hace… obligada por los partidos en los que no cree», no obstante lo cual, lamentó, no se le impone «ninguna multa» –situándose en un «régimen de excepción».

Al respecto, sostenemos que el señor Ramos:

1. Pasa por alto que en México el marco legal favorece y protege los monopolios mediáticos –a los cuales él representa–, conculcándose desde el poder del Estado los derechos de los ciudadanos a las libertades de información y expresión, y de acceso a los medios de comunicación.

2. Pretende obviar que este inequitativo estado de cosas obliga a todo grupo social a situarse fuera de la ley desde el momento en el que opta por crear un medio de comunicación electrónico comunitario, que privilegie el interés público y el bien común, fuera de la lógica lucrativa y monopólica amparada por una ley injusta y anacrónica. En suma, que a pesar de que el espectro radioeléctrico es un bien de la nación, la ley beneficia a un puñado de grupos oligopólicos, en detrimento de los derechos de la mayoría y criminalizando a las comunidades que crean sus radios.

3. Recurre a una falacia al sostener que las radios comunitarias son esencialmente «ilegales» y, en consecuencia, no merecen ser permisionarias; o, dicho de otro modo, que indebidamente se les premia con un permiso cuando debiera reprimírseles por surgir de manera «ilegal».

4. Parece ignorar que las comunidades excluidas por un sistema de medios inequitativo suelen generar sus propios mecanismos, recursos y medios comunicacionales –la radio incluida–, como un componente de reivindicación pacífica de sus derechos a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación, y que éste es precisamente el origen de La Voladora Radio, fundada hace 10 años en el corazón de la zona mexiquense de los volcanes, por jóvenes de la comunidad.

5. Enfoca el debate en el aspecto económico cuando habla de «multas», aunque el debate es en realidad político y está relacionado con la conculcación de los derechos citados por parte de unas leyes y un Estado que amparan los monopolios.

Y en cuanto a los cintillos que decidimos colocar al principio y al final de los spots electorales del IFE para hacer saber a nuestra audiencia que programamos dichos spots por disposición oficial, contra nuestra voluntad como colectivo, sostenemos que indignan al señor Ramos y a los magnates de los medios concesionados que representa, porque muestran claramente que:

1. Si bien transmitimos los spots en cumplimiento de la ley, al mismo tiempo ejercemos nuestros derechos a la información y a la libre expresión, al definir con independencia y autonomía nuestra política editorial, precisando una legítima posición editorial al respecto.

2. De esta manera, ejercemos parcialmente nuestro derecho a la objeción de conciencia, al cuestionar una ley que nos parece injusta y contraria a nuestros principios de ética ciudadana –y no obstante acatamos, aunque hacemos pública nuestra inconformidad por tener que hacerlo.

En realidad, la CIRT, a través del beligerante señor Ramos, pretende utilizar una actitud de ética política elemental de La Voladora Radio para denostar a las radios comunitarias y ejercer presión contra cualquier posibilidad de que estas sean reconocidas por la ley y sometidas a un trato igualitario que les permita no solo sobrevivir dignamente, sino ser una opción competitiva frente a la lógica lucrativa de los medios industriales privados y al sometimiento de los medios gubernamentales que se dicen públicos.

Atentamente

Colectivo La Voladora Radio

Responsables:

Verónica Galicia Castro, directora ejecutiva de La Voladora 97.3 FM [04455 34838904, Amecameca, Estado de México]

Marco Lara Klahr, presidente de La Voladora Comunicación, AC [04455 17989006, DF]