La controversia que se ha desatado a partir de la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano en la persecución del número dos de las FARC Raúl Reyes ha desencadenado un conflicto serio en la región que sobrepasa la autonomía política de los tres países involucrados.
A consecuencia de este acto violatorio de la soberanía geográfica ecuatoriana, Ecuador y Venezuela han roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Álvaro Uribe, sin embargo detrás de la incursión de Colombia en suelo ecuatoriano y la masacre de 23 guerrilleros de las FARC se alcanza a entrever un conflicto geopolítico mayor donde por supuesto está inmiscuido el gobierno de George W. Bush, quien declaró total apoyo al gobierno colombiano.
Las políticas desestabilizadoras de los Estados Unidos en latinoamericana no son historia nueva, se dieron principalmente en las década de los setenta, gobiernos electos democráticamente fueron derrocados por diferentes presidentes estadounidenses. Así el conflicto tripartito latinoamericano que ha provocado la movilización de sendos ejércitos a las líneas fronteriza con Colombia, es el pretexto perfecto que los Estados Unidos y en especial su presidente -afortunadamente saliente- han estado buscando desde hace años que Hugo Chávez llegó a la silla de la actual república bolivariana de Venezuela para implementar una nueva política desestabilizadora con el objetivo final de un linchamiento político y/o económico a Chávez.
El argumento principal de Álvaro Uribe para demandar a Venezuela, no así a Ecuador ante la Corte Penal Internacional, es que en las computadoras portátiles de Raúl Reyes se han encontrado documentos que involucran a Hugo Chávez -también a Rafael Correa- en cooperación con la guerrilla colombiana, información que no se ha publicado y salvo que se compruebe que alguno de los gobiernos acusados financien la guerrilla colombiana, no tendría porque sorprender a nadie pues las negociaciones que Chávez realizaba desde hace tiempo uno para el reconocimiento de la guerrilla como un movimiento político[1] y dos la liberación de rehenes era ya conocida internacionalmente. Negociaciones por cierto echadas abajo por la maniobra militar de Uribe que ponen al descubierto que el gobierno de Colombia no está a favor de una salida pacífica al conflicto guerrillero que asola a ese país andino desde hace cuarenta años.
A consecuencia de este acto violatorio de la soberanía geográfica ecuatoriana, Ecuador y Venezuela han roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Álvaro Uribe, sin embargo detrás de la incursión de Colombia en suelo ecuatoriano y la masacre de 23 guerrilleros de las FARC se alcanza a entrever un conflicto geopolítico mayor donde por supuesto está inmiscuido el gobierno de George W. Bush, quien declaró total apoyo al gobierno colombiano.
Las políticas desestabilizadoras de los Estados Unidos en latinoamericana no son historia nueva, se dieron principalmente en las década de los setenta, gobiernos electos democráticamente fueron derrocados por diferentes presidentes estadounidenses. Así el conflicto tripartito latinoamericano que ha provocado la movilización de sendos ejércitos a las líneas fronteriza con Colombia, es el pretexto perfecto que los Estados Unidos y en especial su presidente -afortunadamente saliente- han estado buscando desde hace años que Hugo Chávez llegó a la silla de la actual república bolivariana de Venezuela para implementar una nueva política desestabilizadora con el objetivo final de un linchamiento político y/o económico a Chávez.
El argumento principal de Álvaro Uribe para demandar a Venezuela, no así a Ecuador ante la Corte Penal Internacional, es que en las computadoras portátiles de Raúl Reyes se han encontrado documentos que involucran a Hugo Chávez -también a Rafael Correa- en cooperación con la guerrilla colombiana, información que no se ha publicado y salvo que se compruebe que alguno de los gobiernos acusados financien la guerrilla colombiana, no tendría porque sorprender a nadie pues las negociaciones que Chávez realizaba desde hace tiempo uno para el reconocimiento de la guerrilla como un movimiento político[1] y dos la liberación de rehenes era ya conocida internacionalmente. Negociaciones por cierto echadas abajo por la maniobra militar de Uribe que ponen al descubierto que el gobierno de Colombia no está a favor de una salida pacífica al conflicto guerrillero que asola a ese país andino desde hace cuarenta años.
[1] Sobre el tema del reconocimiento de un movimiento armado como movimiento político-social se puede consultar el artículo de Carlos Montemayor, La guerrilla en México: http://www.fractal.com.mx/F11monte.html
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