jueves, 22 de octubre de 2009

Viven del pueblo y traicionan al pueblo

El verdadero hoyo fiscal – 400 grandes empresas (casi) no pagan impuestos

Escudadas en una legislación que los diputados y el gobierno federal no quisieron tocar, los más de 400 grandes consorcios empresariales del país gozan de un excepcional privilegio fiscal: (casi) no pagan impuestos. Lo reconoce la propia Secretaría de Hacienda en un documento oficial: “400 grandes grupos empresariales acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, pero apenas pagan 1.7 por ciento en promedio de Impuesto Sobre la Renta”. Eso significa, en otras palabras, que posponen de manera indefinida el pago de impuestos. Tanto que en 2008 quedaron a deber una cantidad cercana a 132 mil millones de pesos. Y nadie sabe, ni las mismas autoridades, si algún día pagarán.

miércoles, 21 de octubre de 2009

LyFC tomar las instalaciones, de lo contrario la lucha está perdida

“Vislumbrar la tierra, las fábricas y los asentamientos
como espacios en los que producir sin patrones ni capataces,
donde promover relaciones igualitarias y horizontales
con escasa división del trabajo,
asentadas por lo tanto en nuevas relaciones técnicas de producción,
que no generen alienación ni sean depredadoras del medio ambiente”
Raúl Zibechi


La negociación entre en SME y la Secretaría de Gobernación está acabada, como era de esperarse el “líder” y representante del SME se levantó de la mesa de diálogo, la cual no anticipaba buenos resultados pues la postura por parte del gobierno estaba tomada, de lo contrario no se habría recurrido al agandalle del fin de semana pasado, sí se hubiera buscando una solución dialogada a la orillada deplorable situación de los electricistas del centro, no habría sido necesaria la toma de las instalaciones de dicha empresa paraestatal.

Se ha dicho de manera correcta que la violencia no puede más que producir más violencia y parece que ese es el camino que el Gobierno Federal y su nefasto e ilegítimo representante procura y busca para la población nacional, por ello resulta necesario para que la crisis de los electricistas del centro del país llegue a buen puerto y logre su objetivo central, que se les regrese su trabajo, las manifestaciones pasan de ser lo que ya hemos visto en México desde hace más de 40 años, con sus diversos desenlaces; las marchas no son ya suficientes para un gobierno que su mofa de los ciudadanos, pues una vez que se apropiaron por la vía del fraude de la presidencia de la república resulta por demás ingenuo que no van a ceder ante un tipo de propuesta y manifestación que en nada toca a sus intereses.
La maniatada “vía pacífica” que propuso AMLO para su movimiento y propone hoy día Martín Esparza están agotadas, no han dado ni darán resultado alguno ante un gobierno que apenas se hizo del poder burlando la ya de por sí gastada y mal entendida voluntad popular, sacó los militares a la calle, con el argumento urgido de ganar legitimidad atacó a la economía más fuerte del país: el narcotráfico (que por cierto no paga impuestos)
Las cifras en la lucha contra el narco son escandalosas y espeluznantes, pues al día mueren en México un promedio de 5 narcotraficantes y un soldado. Este ambiente caótico al cual se orilla a la nación, la pone en vilo, no se sabe ya más por donde vendrá otro ataque y cuál es el punto final de este arrebatado proyecto neoliberal.
Sirva este descontextualizado comentario para dar continuidad al argumento y de paso contextualizarlo; Felipe Calderón ha abierto dos francos de lucha que a la larga le resultaran insostenibles, uno es el ya mencionado (narcotráfico) y el otro es la lucha frontal contra el pueblo de México, el cual no sólo se apoya sino que ya es apoyado por el primer frente de lucha, según dice una muy breve y escondida nota del periódico Milenio del día miércoles 14 de octubre, la nota es de la autoría de Rubén Mosso, si es que esa persona existe y lleva como título: “
Aparecen narcomantas frente al edificio del LyFC”, aquella reseña que fueron dos cartulinas y una manta lo encontrado y los mensajes son los siguientes: “Chapo Guzmán ayúdanos, dale en la madre a Felipe Calderón”, “Calderón llegaste como ladrón de noche!!! eres un cobarde”, “Los Z y la F.M en apoyo del pueblo de México… Muera Calderón”. Ante estas manifestaciones de “apoyo” y “solidaridad” con los trabajadores del SME y con el pueblo de México, no queda más que decir “aquí se ve la fuerza del SME” o el repudio a Calderón.

Esto sólo viene a refrendar que la lucha por la vía de los movimientos pacíficos que se quedan en marchas, pintas y mantas y que mal gastan y decepcionan el apoyo que logran generar de la sociedad son un camino agotado ante un gobierno que burla y pisotea a sus ciudadanos. Por ello sólo puedo observar que la solución está en desviar el camino y la ruta de la marcha, que los miles de pies y manos tomen dirección a sus centros de trabajo, con el apoyo y respaldo de la sociedad, que no permitan que continúe el desmantelamiento de su vida y su trabajo.

lunes, 19 de octubre de 2009

A discusión – Liquidación y recontratación. (1ra versión)

En el contexto de la Guerra de Vietnam y “utilizando un conjunto de razonamientos y de análisis que son específicamente geográficos” en 1972 Ives Lacoste logró demostrar la estrategia y la táctica utilizada por el estado mayor americano en la destrucción de los diques que protegen las llanuras extremadamente pobladas del Vietnam del Norte. “Estos diques, cuya importancia es, de hecho, absolutamente vital, no podían ser objeto de bombardeos masivos, directos y evidentes, pues la opinión pública internacional lo habría interpretado como la prueba de la perpetración de un genocidio. Era preciso, pues, atacar esa red de diques, de manera precisa y discreta, [que] se rompieran en los lugares donde la inundación tendría las más desastrosas consecuencias” (Lacoste, 1976).

De igual forma es que a partir de un conjunto de razonamientos y de análisis, no específicamente geográficos, pero sí esencialmente espaciales, se considera la coyuntura del conflicto laboral entre la dirigencia del SME y el gobierno federal (que se resuelve fundamentalmente a partir de los pactos entre Martín Esparza y Fernando Gómez Mont) con el objetivo de establecer los posibles escenarios que habrán de enfrentar los trabajadores de Luz y Fuerza en el siguiente mes.

Como preámbulo, es preciso reflexionar sobre los resultados de la reunión que mantuvo la dirigencia del SME (Martín Esparza, Alejandro Muñoz y 10 personas más) con Gobernación (Gómez Mont, Gerónimo Gutiérrez y Héctor Serrano como representante de Marcelo Ebrard) después de la marcha del jueves pasado, cuando el SME demostró “su poder de convocatoria” (lejos de cifras, lo cierto es que aún después de las 9 de la noche los contingentes seguían entrando al Zócalo).

El mismo viernes, después de 7 horas de negociación, SEGOB reiteró que la liquidación de LyFC “es irreversible” mientras que la dirigencia del SME declaró que el gobierno federal no presentó “ninguna propuesta seria” ante la amenaza que Martín Esparza lanzó durante el mitin en el Zócalo “no pararemos hasta que nos regresen nuestro empleo” –nunca habló de defender la Compañía de Luz y Fuerza, otra de las demandas de los trabajadores.

No hubo más declaraciones sobre el contenido de la reunión; Martín Esparza no dijo una palabra a los reporteros, quienes incluso fueron replegados y agredidos por policía antimotines. ¿Por qué tanto celo?

La primer hipótesis es que las “opciones laborales y productivas” que presentaron este domingo los secretarios del trabajo y economía (Lozano Alarcón y Ruiz Mateos) para los trabajadores que acepten su liquidación antes del 14 de noviembre revelan algo de la naturaleza de las negociaciones y del posible desenlace de este conflicto:

Por un lado ofrecieron becas de 5, 382 pesos (equivalente a una beca de maestría) para la “reconversión laboral”, es decir, para capacitarlos en inglés, computación, mecánica automotriz, refrigeración, electricidad, etc. Y por otro, asesoría de consultores especializados para desarrollar en los ex-trabajadores “habilidades gerenciales” que les permitan invertir su liquidación en franquicias o en sociedades cooperativas que ofrezcan servicios a CFE.

La segunda hipótesis plantea que el actual escenario de “acumulación originaria” o “por desposesión” (Harvey, 2004) que sufren hoy los trabajadores de la energía fue diseñado, ejecutado y afinado en los trabajadores de la tierra, en el contexto de la reforma agraria de 1992 dirigida a la conversión del ejido en propiedad privada.

En los 17 años que van de 1992 cuando Salinas (mediante Luis Téllez -secretario de agricultura) engañó a los ejidatarios con convertirlos en empresarios agrícolas, al 2009 en que Gómez Mont (mediante Lozano) promete hacer lo propio con los electricistas, sólo ha cambiado la espacialidad del despojo: del campo a la ciudad; y por tanto, la celeridad de las transformaciones, dada por la dispersión-concentración de los recursos y de los trabajadores.

Fueron dos millones de ejidatarios, repartidos en unas 23 mil asambleas ejidales a lo largo de 2 millones de hectáreas (la mitad del territorio nacional), quienes se enfrentaron ante la decisión de aceptar o rechazar la sobrevivencia de sus ejidos como propiedad privada. El proceso, fijado en un principio para un año, duró 14 años (1992-2006) alcanzando el 84% de ejidos.

Ahora son 45 mil electricistas y 1,100 km de fibra óptica, concentrados sobre todo en la Ciudad de México, quienes tienen un plazo de un mes para aceptar o rechazar la liquidación que (supuestamente) les permitirá sobrevivir como contratistas; en los primeros 3 días fueron liquidados unos 3,000 trabajadores (un 6%).

El proceso de acumulación originaria o por desposesión, consistente en separar al trabajador de su objeto y herramienta de trabajo, para reconstituir ésta unión bajo el mando capitalista, se traduce como una intensificación o profundización del dominio de empresas privadas sobre la infraestructura productiva del país: en este caso, la fibra óptica.

Ante este panorama, la tercera hipótesis consiste en señalar las posibles negociaciones que realizó el viernes SEGOB con la dirigencia del SME: franquicias para controlar segmentos del negocio de la fibra óptica; al menos una para el grupo de Martín Esparza y otra para el grupo de Alejandro Muñoz. Los grupos sindicales subordinados, pero fuertes, conseguirán contratos para la administración de la infraestructura mediante la formación de sociedades cooperativas.

En el plazo de un mes, una vez que estas negociaciones se consumen, los trabajadores que hayan servido como medio de presión, además de contar con su liquidación podrán competir en el mercado de trabajo (y ser subcontratados por sus líderes) bajo mejores condiciones que los 2.8 millones de trabajadores desempleados que han sumado estos 3 años de (des)gobierno. El resto, unos 35 mil según cálculos del propio Carstens serán los que fortalezcan la resistencia.

El despojo es siempre un proceso violento (Marx), aunque se oculte bajo una apariencia democrática. No puede darse mediante bombardeos masivos, directos y evidentes, pues la opinión pública lo interpretaría como la prueba de la perpetración de un genocidio. Por eso es preciso atacar de manera precisa y discreta, sólo en los lugares donde las consecuencias sean más desastrosas.

Digna Ochoa, asesinada hace ocho años


Biografía de Digna Ochoa en Wikipedia


Digna Ochoa y Plácido (Misantla, Veracruz, 15 de mayo de 1964 - México, D.F., 19 de octubre de 2001). Abogada defensora de los derechos humanos en México, fue integrante del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Prodh).

Asistió a la Facultad de Derecho en Xalapa, Veracruz en 1984 y empezó a trabajar a tiempo parcial en la oficina del Procurador General de Veracruz en 1986.

El 16 de agosto de 1988, comprometida políticamente con grupos de oposición, y después de advertir a su familia de que había encontrado una “lista negra” de activistas políticos en la oficina de su jefe, fue secuestrada en Xalapa. Ochoa declaró que sus secuestradores fueron oficiales de policía estatales y que fue violada. No hubo ninguna investigación sobre sus alegaciones.

En 1991 entró en el convento dominicano de la Palabra Encarnada donde estudió hasta 1999. Dejó el convento sin tomar los votos.

En 1996 Amnistía Internacional alerta sobre las amenazas de muerte dirigidas contra Digna Ochoa y la también abogada, Pilar Noriega, las cuales buscaban intimidarlas por su participación en la defensa de supuestos zapatistas, considerados prisioneros de conciencia.

En 1999 Digna Ochoa fue secuestrada en su propio domicilio por desconocidos, quienes la interrogaron sobre sus actividades en el Prodh, respecto a la defensa de presos y sobre casas de seguridad de los movimientos armados en México. También recibió varios mensajes anónimos con amenazas de muerte en las oficinas del Prodh. El 17 de noviembre de ese año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas provisionales para proteger la vida y la integridad física de Digna Ochoa y demás miembros del Prodh.

Para resguardar su integridad, en 2000 se traslada a los Estados Unidos. En 2001 decide regresar a México y junto con Pilar Noriega se encarga del caso de los hermanos Cerezo Contreras, estudiantes universitarios detenidos el 13 de agosto de 2001, acusados de detonar bombas en sucursales de Banamex de la Ciudad de México. También se ocupa del caso de campesinos ecologistas presos en Guerrero.

El 19 de octubre de 2001 fue asesinada, sin embargo, aunque los primeros dictámenes coincidían en que su muerte fue un homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) difundió una compleja tesis de suicidio, se descartó continuar la investigación para dar con los responsables y se dio por cerrado el caso.

El informe de la autopsia indicaba que en su cuerpo había dos heridas de bala de calibre 22. Su muerte fue causada por un disparo en la cabeza. La herida de la entrada estaba en el lado izquierdo. Según el informe del forense, la bala atravesó el cráneo de izquierda a derecha con un ligero ángulo de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. La bala se quedó incrustada en el temporal derecho. Ochoa era diestra. La otra bala le entró por el muslo por delante hasta la parte posterior.

En 2003 el cineasta Felipe Cazals realiza la película "Digna... hasta el último aliento".

A petición de sus familiares su cadáver fue exhumado 2005 y la investigación sobre su muerte fue reabierta. Las indagaciones indican que tras el asesinato de Digna Ochoa se encuentran caciques y militares afectados por el activismo de los presos a los cuales la abogada defendía. El 15 de marzo de 2007 en la Sierra de Petatlán, Guerrero, un campesino da a conocer información[1] que señala al ganadero y ex presidente municipal de Petatlán,[2] Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada.[3

Todo mundo saqueó a Luz y Fuerza

Tomado de la versión en línea del semanario mexicano Proceso, el 19 de octubre de 2009.

Escrito por Rosalía Vergara



Muchos de los vicios que mantenían a Luz y Fuerza del Centro en números rojos tuvieron origen gubernamental. Dependencias federales como la Presidencia, la propia Sener y hasta la CFE nunca cubrieron sus adeudos millonarios por el consumo de energía, y poderosas empresas privadas evadieron el pago mediante diablitos u oscuros convenios. Además, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas señalan que mientras ellos firmaban convenios de productividad (y se disputaban la dirigencia), la empresa aplicaba políticas comerciales deficientes y condonó las deudas millonarias de gobiernos municipales y estatales.


Entre los argumentos del decreto que la Presidencia publicó el domingo 11 para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno de Felipe Calderón no incluyó que parte de la descapitalización de la paraestatal fue provocada por los millonarios adeudos de dependencias federales, así como de grandes empresas nacionales y corporaciones trasnacionales.

Tampoco se refirió a que recientemente el director de la ahora extinta paraestatal condonó las millonarias deudas de los municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. Ni cuestionó los convenios del gobierno capitalino con la paraestatal, como el relativo a la Torre Mayor, donde se instaló un software distinto al que tenía LFC, lo que impide conocer cuánta electricidad consume.

Entre todos estos casos suman aproximadamente 6 mil 500 cuentas especiales, de las cuales sólo 40% equivalían al 75% del presupuesto total de LFC.

De acuerdo con una lista elaborada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), alrededor de 30 dependencias federales adeudan millones de pesos por consumo de energía. Asimismo, el sindicato tiene una lista de 483 empresas que se "cuelgan" directamente de los cables mediante las conexiones improvisadas conocidas como diablitos.

El martes 13, en el mitin frente a la Cámara de Diputados donde el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al SME, el dirigente sindical Martín Esparza denunció que la residencia oficial de Los Pinos, varios hoteles lujosos, e incluso los periódicos Reforma y Unomásuno tienen conexiones irregulares.

En entrevista con este semanario, Esparza explica que Reforma tiene una conexión triple, pero sólo se le factura una; y que a Unomásuno se le factura la energía de sus rotativas como si se tratara de energía de uso casero.

Revela también que los diarios Milenio y El Universal, lo mismo que Televisa, Televisión Azteca y algunas radiodifusoras tenían privilegios en el pago del servicio, pues se les descontaba hasta el 50% por órdenes de Jorge Gutiérrez Vera, el último director de LFC y quien fue miembro del Consejo Editorial de Economía de Reforma.



Farol de la calle



En la mencionada lista del SME se precisan cifras: la Presidencia debe 5 millones 801 mil 45 pesos. Al respecto, una nota del periódico Milenio del miércoles 14, señala que en la página web de la Tesorería constaba el pago de la Presidencia, por 1 millón 93 mil 504 pesos, realizado apenas el jueves 8, tres días antes de que Felipe Calderón decretara la desaparición de LFC. No obstante, esos datos no son públicos.

La nota periodística agrega que "al mostrarle el documento oficial, el líder sindical se limitó a reiterar que la Presidencia 'tiene adeudos', pese a que eso no se registra en el calendario de pagos".

En su documento, el SME señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es la dependencia federal con el mayor adeudo: 321 millones 308 mil 108 pesos.

De igual forma, registra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe 11 millones 10 mil 81 pesos; su organismo descentralizado Telecomunicaciones de México, 10 millones 165 mil 279; la Secretaría de Gobernación (Segob), 11 millones 243 mil 393; la de Trabajo y Previsión Social (STPS), 998 mil 689; la Defensa Nacional (Sedena), 3 millones 34 mil 143 pesos, y "Sedena dirección general", 11 millones 826 mil 872 pesos; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal tiene pendiente el pago de 8 millones 163 mil 617 pesos.

Según el listado del SME, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) adeudaba a LFC 13 millones 252 mil 520 pesos; el Poder Judicial de la Federación, 7 millones 60 mil 101; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 4 millones 386 mil 478; la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 2 millones 504 mil 514; y la Lotería Nacional, 2 millones 360 mil 369 pesos.

miércoles, 14 de octubre de 2009

El SME, LyFC y la apertura.... de nuevos mercados (voz,imagen y datos)

Entre el mar de desinformación y posturas ideológicas pro-neoliberles sobre el "madruguete" calderonista al sector obrero resulta, a mi juicio, bastante esclarecedor de las razones y consecuencias del decreto de extinción de la paraestatal LyFC el artículo que a continuación recupero de www.rebelion.org


Sindicato mexicano de electricistas: lo que verdaderamente está en juego
Arturo A. Peña
Rebelión


Resultaría muy difícil encontrar entre los mexicanos a usuarios satisfechos del desempeño de su compañía estatal de servicio de electricidad. Además de las deficiencias (fluctuaciones de voltaje) y fallas (apagones constantes) últimamente se han agregado incrementos desmesurados en las tarifas. No es extraño, entonces, que resulte relativamente sencillo enardecer la animosidad de los usuarios por medio de una campaña mediática (propagandística) en contra de sus trabajadores o, más concretamente, en contra de su dirigencia sindical. Algunos comentaristas (incluso independientes) celebran que el gobierno haya decidido, dicen, poner un hasta aquí a uno de los sindicatos más antiguos (95 años), grandes y poderosos del país.

Durante décadas, los gobiernos (primero priistas y después panistas) han tolerado e incluso incentivado la conformación de dirigencias sindicales al servicio de los patrones y del gobierno a cambio de prebendas y nula fiscalización. El corporativismo mexicano se ha caracterizado por el intercambio de favores entre cúpulas sindicales y gubernamentales espurias. Una clase empresarial rapaz y coludida con gobiernos corruptos y a su servicio son apenas dos de las cuatro patas que sostienen el modelo mexicano, las otras dos son el sindicalismo a modo y el poder económico trasnacional.

Sería muy celebrable que uno de los actores en cuestión (en este caso el gobierno de México) decidiera cambiar dramáticamente este estado de cosas. No es así, y el cúmulo de hechos que rodean el conflicto hacen poco creíble la voluntad democratizadora y reformadora del gobierno. Veamos por qué.

El supuesto origen del conflicto

Una de las prácticas de control del gobierno mexicano sobre los sindicatos lo constituye la llamada “toma de nota” de sus dirigencias sindicales. Aún cuando en sus orígenes dicho trámite constituía un simple aviso, al gobierno, de cambio de dirigencia; con el tiempo se transformó en un requisito para la transferencia de poder de una dirigencia saliente a una entrante. Requisito por demás absurdo pues cualquier diferendo en la elección de nuevas dirigencias sindicales debe ser resuelto al interior de los propios sindicatos o por instancias establecidas por ley; en este caso por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA). Tan absurda resulta esta “toma de nota” como requisito para el cambio de dirigencia que el propio partido actualmente en el poder (PAN) solicitó su eliminación, como bien nos lo recuerda Arturo Alcalde Justiniani (1):

“El propio Vicente Fox, días antes de su elección, el 7 de junio de 2000, suscribió públicamente un compromiso ante organizaciones y personalidades de la sociedad civil, en su octavo y noveno apartado protestó eliminar el trámite de registro y de la toma de nota ante la autoridad laboral y establecer el registro público de sindicatos y contratos colectivos".

Ahora, el gobierno del también panista Felipe Calderón utiliza la “toma de nota” para desconocer la nueva dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aún cuando la autoridad respectiva (JFCyA) no ha emitido fallo alguno. Casualmente, y de la misma manera que sucedió hace algunos años con el sindicato del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS), los medios masivos de comunicación han emprendido una campaña de linchamiento para justificar la acción del gobierno y para (de)mostrar la “necesidad” de privatizar los servicios que ofrece esta compañía estatal.

El argumento esgrimido por el actual secretario del trabajo (Javier Lozano) de que hubo “irregularidades en el proceso de elección” de la nueva dirigencia del sindicato no suena muy afortunado en boca de un funcionario de un gobierno cuyas “irregularidades en el proceso de elección” fueron desestimadas por su principal beneficiario (Felipe Calderón, su jefe) con altas dosis de cinismo al responder que él había ganado la elección presidencial “haiga sido como haiga sido”. No es ningún milagro que hasta hoy (tres años después) el gobierno de facto de Felipe Calderón no haya exhibido las boletas electorales que supuestamente le dieron el triunfo. Si las boletas no han sido destruidas todavía es por la tenacidad de algunos mexicanos que han apelado a organismos internacionales para su conservación. A nadie escapa que aún cuando ya no tengan ningún valor jurídico (la elección ya fue convalidada por las instancias legales) el principal beneficiado de su revisión sería Felipe Calderón si, como han querido hacernos creer, él hubiera ganado en los sufragios presidenciales del 2006.

Pero más allá de lo desafortunado del argumento de Lozano o del reconocimiento del propio PAN de lo inapropiado del “requisito” de la “toma de nota” por parte del gobierno federal, existen otros hechos que han sido poco ventilados (o deliberadamente ocultados) y que permiten comprender de manera más objetiva esta embestida por parte del gobierno de Calderón al SME.

El verdadero origen del conflicto

Algo que muy pocos mexicanos saben es que con los mismos cables que reciben el suministro eléctrico podrían recibir servicio telefónico y trasmisión de imágenes y datos (internet). Desde hace ya varios años la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC la paraestatal que proporciona electricidad a la mayoría del territorio mexicano) ha venido sustituyendo su cableado por la denominada “fibra óptica”. Actualmente LyFC cuenta con una red de aproximadamente 1,100 Km concentrada, sobre todo, en la zona centro (Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Morelos); que es con mucho la zona de mayor concentración demográfica y de actividad industrial en el país.

A sabiendas de esto, hace ya algunos meses una empresa privada cuyo origen es español (WL Comunicaciones) pero cuyos accionistas nacionales principales son dos exsecretarios de energía (Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens) firmó acuerdos con la paraestatal para hacer uso de dicha red de fibra óptica. Sin embargo, el contrato colectivo de la paraestatal señala que “si a una empresa se le concede el usufructo de alguna infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, el sindicato tendría el derecho de tener una concesión espejo para dar el mismo servicio.” Así, el sindicato solicitó ejercer su derecho a brindar servicios de comunicación a través del tendido eléctrico en un mercado creciente cuyo volumen de ventas se estima en decenas de miles de millones de pesos. Este, y no otro, parece ser el motivo de encono de la administración calderonista con el SME.

Uno de los principales reclamos de la sociedad a Felipe Calderón ha sido la eliminación de los virtuales monopolios en telefonía (Telmex, de Carlos Slim) y televisión (Televisa de Azcárraga y TV Aztecas de Salinas). No obstante, nada ha hecho el actual gobierno para estimular la apertura de dichos mercados. Al parecer Calderón ha optado por “arbitrar” entre los poderosos consorcios que patrocinaron su asenso (Telmex y Televisa) no permitiéndoles invadir el terreno de uno u otro pero garantizándoles sus respectivos monopolios. Quizá algunos de sus correligionarios y socios podrían empezar a competir en el jugoso mercado del triple play (voz, imagen, datos) pero por supuesto no una agrupación de trabajadores y menos aún de un sindicato que se orienta a la izquierda y que ha manifestado su simpatía por el líder de oposición más popular del país: Andrés Manuel López Obrador.

Ahora comienzan a esclarecerse las verdaderas razones del gobierno de facto para desconocer a la dirigencia sindical del SME. Causaría risa la pretendida voluntad democratizadora del régimen de Calderón si no fuera por sus excelentes relaciones con las peores mafias sindicales del país como la de Elba Esther Gordillo (secretaria perpetua de los trabajadores de la educación) o la de Carlos Romero Deschamps (líder de los trabajadores petroleros) a quienes les hace los trámites de “toma de nota” a pesar de las airadas protestas de sus propios “representados” (2). De hecho, hace apenas unos días una resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo ordenó a Lozano retirar la “toma de nota” a Romero Deschamps hasta que se analicen los resultados del proceso en el que se erigió como ganador (3). Ni Lozano ni Deschamps han dicho nada al respecto.

La campaña de linchamiento

Como se comentó al principio es imposible avalar el desempeño de la compañía suministradora de energía eléctrica en México. Sin embargo, resulta sospechoso que se quiera responsabilizar de su mal desempeño exclusivamente a sus trabajadores. No se debe olvidar que en los años recientes el gobierno ha alentado la participación privada en la generación de electricidad (ahora ya abarca 30% del total) y que, debido a los cálculos erróneos de la presente administración (como aquel del crecimiento de 5% anual), se han encarecido los costos y se ha retrasado la recuperación de la inversión (5 mil millones de dólares). Esto explica el aumento en las tarifas de la energía eléctrica y nada tiene que ver con los trabajadores. Pero no solo eso, los recursos del estado hacia la paraestatal han disminuido año con año y en muchos casos se han subejercido. El pretendido subsidio a la energía eléctrica se aplica mayormente a los consumidores industriales y no a las casas habitación.

Como ocurrió con el sindicato de los servicios de salud (IMSS) los medios de comunicación se escandalizan en coro ante los “indignantes privilegios” de los trabajadores del SME. No dicen, por ejemplo, que los altos funcionarios de la empresa paraestatal (no del sindicato) pueden jubilarse con una renta de 131 mil pesos mensuales después de “laborar” un año y ocho meses (véase video en referencia 4) a diferencia de un trabajador que debe “cotizar” 30 años para recibir una pensión irrisoria.

No nos confundamos, no se trata de hacer una defensa a ultranza de las mafias sindicales que tanto han dañado al país y a sus trabajadores. Pero tampoco podemos ignorar hechos que están ahí, a pesar de ser ignorados por los grandes medios de este país. Bien puede ser que en la pasada elección de dirigencia en el SME haya habido irregularidades pero no es al secretario del trabajo a quien compete dirimirlas; menos aún actuando con el doble rasero que hemos evidenciado.

Finalmente, para nadie es un secreto que Calderón tiene como objetivo privatizar los pocos bienes que le quedan al Estado Mexicano con la coartada de la supuesta falta de eficiencia. Como en el caso de la empresa estatal de petróleo (PEMEX) las administraciones neoliberales de las últimas décadas han tratado a toda costa de estrangularlas para poder entregarlas al gran capital nacional y extranjero. En el caso de PEMEX cuentan con el aval de un secretario general (Deschamps) al parecer tan espurio como el jefe del ejecutivo federal (Calderón).

Fuentes:
(1) http://www.jornada.unam.mx/2009/10/08/index.php?section=opinion&article=007a1pol
(2) http://www.jornada.unam.mx/2009/02/23/index.php?section=politica&article=012n1pol
(3) http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/10/08/exigen-petroleros-destitucion-de-romero-deschamps
(4) http://experiencia.indigobrainmedia.com/web/reporte/edicion150/#2/1

lunes, 12 de octubre de 2009

DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro I

Para leer el decreto íntegro, aparecido el domingo 11 de octubre, referirse a www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5114004&fecha=11/10/2009

Contemplando que el sábado por la tarde la selección mexicana de futbol jugaba en el estadio azteca y muy probablemente lograría su clasificación al mundial de la FIFA, desatando euforias masivas y patriotismos lumpenes, el gobierno de Calderón, a través de la secretaría de gobernación publicó el día siguiente un decreto por el cual extingió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.


Esa medida fue sorpresiva y excedía cualquier pronóstico, cuando menos a corto plazo.
Apenas el viernes 9 de octubre, dos días antes de la publicación del decreto mencionado, según cifras del periódico La Jornada, 45 mil sindicalizados, activos y jubilados, marcharon rumbo a Los Pinos. En esa marcha se encontraba también Martín Esparza Flores, secretario general electo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien se reunió, junto con una comitiva, con el secretario particular del presidente usurpador Calderón, Luis Felipe Bravo Mena.

Según declararon posteriormente Esparza Flores y Humberto Montes de Oca, secretario del interior del SME, en la sede de gobierno federal entregaron por escrito sus inconformidades, entre ellas que no aceptarían ningún despido ni que el secretario federal del trabajo Javier Lozano Alarcón interfiriera en la contienda electoral sindical, que se suspendieran los proyectos de concesión de la red de fibra óptica a empresarios privados "amigos del Presidente" -tema en el que ahondaremos posteriormente-, que Luz y Fuerza del Centro terminara con el subejercicio presupuestal y que cesara la campaña de desprestigio contra el SME y sus dirigentes. También se exigió la liberación de las cuotas sindicales y el descongelamiento de cuentas bancarias, retenidas por órdenes del director de la extinta Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera.

A pesar de la relevancia que tenían tales demandas, cabe señalar un punto más importante en esta cuyuntura y tal es que en la marcha sindical de ese día también se acordó iniciar una etapa de resistencia legal y pacífica hasta que se otorgara la toma de nota a la dirigencia y se liberaran los fondos sindicales. Este tema adquiere mayor relevancia si se quisieran buscar motivos para el cese de la paraestatal en la rijosidad del sindicato o su presión "desmedida" al gobierno.


Otro asunto de enorme importancia, manipulado sobre todo por los medios masivos de comunicación y que ha permeado especialmente en gran parte de la sociedad, es el de la intransigencia y corrupción del SME, además del pésimo servicio que ofrecía y su falta de compromiso con la mejora y modernización de Luz y Fuerza del Centro.

Es el caso que en el decreto que extinguió el organismo descentralizado no hay una sola mención al SME ni a su supuesta intransigencia e incompetencia laboral (salvo en la parte que se refiere a la liquidación de los trabajadores electricistas).


***

Así pues, la medida que se comenta es excesiva si se busca su justificación en el conflicto sindical que surgió a raíz de las elecciones en el seno del SME para renovar 13 carteras, incluida la secretaría general, el 16 de junio de este año.

Los resultados de dichas elecciones se dieron a conocer el 2 de julio y encontraban triunfador a Martín Esparza sobre Alejandro Muñoz "por una minúscula diferencia de 352 votos" de un total de 55 mil 520 sufragios. Alejandro Muñoz interpuso ante la Secretaria del Trabajo, el 8 de julio, una demanda por fraude electoral a través de coerción del voto y exceso de boletas con respecto del número de afiliados, entre otras modalidades fraudulentas.

A partir de estas inconformidades y arguyendo además inconsistencias en la documentación entregada por Martín Esparza para acreditar su triunfo, el 5 de octubre, el secretario del trabajo Javier Alarcón negó la entrega de toma de nota como secretario general del SME a Esparza. El resultado de esta negativa federal son las diversas marchas de las últimas semanas.


Posteriormente, el viernes 9 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente –con votos en contra sólo del PAN y de Nueva Alianza– exigir al secretario Lozano Alarcón, "entregar de manera inmediata" la toma de nota a la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, y a la Junta de Conciliación y Arbitraje "resolver a la brevedad" la validez de los comicios efectuados entre junio y julio de este año en dicho sindicato.


En el pleno de ese día, el diputado Porfirio Muñoz Ledo alertó que Lozano Alarcón pretendía "negar la toma de nota y congelar los fondos sindicales", con la intención de "que el sindicato pierda la paciencia, se vaya a la huelga y requisar la empresa como antecedente para la privatización".

Sin embargo, antes de que cualquier cosa ocurriera, Felipe Calderón ordenó el cese de Luz y Fuerza del Centro.

DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro II

Para leer el decreto íntegro, aparecido el domingo 11 de octubre, referirse a http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5114004&fecha=11/10/2009

El texto lo he modificado para resaltar los motivos principales que argumenta el gobierno miserable y depredador de Calderón para la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro.


CONSIDERANDO

Que a pesar de lo anterior, en detrimento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajurídicas y de las dificultades que implicaba terminar la liquidación de las empresas concesionarias, lo que motivó que en 1989 se reformara el artículo cuarto transitorio de la citada ley para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;
Que desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41,945 millones de pesos; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración;
Que los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos (incluyendo energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad);
Que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado;
Que los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto de los que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad, ya que, entre otras razones:
a) El porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad. A junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6% de energía, en tanto que dicha Comisión perdió el 10.9%; casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra el porcentaje de pérdidas que presenta Luz y Fuerza del Centro,
b) En 2008 Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por ventas del organismo, y
c) En el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta Luz y Fuerza del Centro son 176% superiores respecto de los costos de la Comisión Federal de Electricidad;
Que a diciembre de 2008, Luz y Fuerza del Centro no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio que, en su conjunto, representan el doble de la demanda en Acapulco. La falta o insuficiencia de suministro de energía eléctrica es un factor importante que puede inhibir la decisión para realizar inversiones por lo que esta situación no es sostenible;
Que la problemática expuesta ha sido conocida por la Auditoría Superior de la Federación, la que con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, recomendó "... que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que evalúen la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el que se señala que Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación, o extinción de aquél'";
Que por todo lo expuesto se puede concluir que no sólo no se ha logrado alcanzar la autosuficiencia financiera de Luz y Fuerza del Centro, sino que el organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el Gobierno Federal para mantenerlo y que lejos de alcanzar los índices equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público;

Que lo anterior, aunado a las circunstancias económicas derivadas del entorno de crisis mundial, han hecho imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país mediante el uso más productivo de recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan el erario público;
Que la comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión, permite llegar a la conclusión de que, siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse; ello fundado en que su funcionamiento ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público por las razones que ya se han manifestado;
Que, en ese sentido, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece como causas de extinción de un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo Federal, que deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público; lo anterior, en aras de preservar que sean éstas precisamente las razones que justifiquen la existencia del organismo descentralizado;
Que atento a lo anterior, la Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, al considerar que se actualizan las causas de extinción previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con fecha 28 de septiembre de 2009 propuso la desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro;
Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en su sesión de fecha 5 de octubre de 2009, emitió el dictamen favorable respecto a la propuesta de desincorporación por extinción y la consecuente liquidación, del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;
Que en atención a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sometió a la consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo la propuesta de desincorporación referida, en razón de que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público;
Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza;
Que con base en todos los elementos expuestos, el presente Decreto tiene por objeto extinguir al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan las obligaciones a cargo del organismo frente a terceros;
Que con motivo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro que se decreta en este instrumento y la consecuente desaparición de sus órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento, resulta indispensable la intervención de un liquidador. A este respecto, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal;
Que la ley referida faculta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento de su objeto, señalando que dichas designaciones recaerán preferentemente en las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal;
Que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cuenta con facultades para tomar las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como los demás que sean necesarios para ello, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica;
Que es deber del Ejecutivo Federal a mi cargo respetar los derechos de los trabajadores al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, por lo que se dispone expresamente que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo; de igual forma, se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores;
Que en ese sentido y tomando en cuenta que Luz y Fuerza del Centro es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, todos los derechos y obligaciones que resulten por su extinción recaerán en el Gobierno Federal, y
Que a fin de hacer un mejor uso de los recursos de los ciudadanos y para garantizar a todo el país los mismos estándares de calidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, cumpliendo lo ordenado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo 1.- Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.
Artículo 2.- La liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Artículo 3.- La Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público.
La unidad administrativa de la Secretaría de Energía que ejerza las funciones de coordinadora de sector, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y demás disposiciones aplicables; asimismo, resolverá cualquier situación inherente a dicho proceso, sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Artículo 4.- Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 5.- El Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 6.- Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de desincorporación tendrán el tratamiento que corresponda en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 7.- La Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, velará en
todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de gobierno.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga el Decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.
TERCERO.- La Secretaría de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil nueve.-

Y a continuación firma la pandilla de delincuentes comandada por Calderón. Todos culpables de traición a la patria.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- La Secretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica.

¿A dónde va el SME?

Escrito por:
Liga de Trabajadores Electricistas 1916

Estas semanas ha habido un proceso político que se ha profundizado y extendido. Las elecciones internas fueron el accidente que mostró la cólera y hartazgo de una gran parte de la base contra una política sindical miope y tibia de parte de la dirección actual, sin embargo, es el proceso de crisis y recesión que vive el capitalismo hoy día su causa primigenia y ante la cual la dirigencia del sindicato no tiene alguna alternativa que impida que los costos de la crisis económicala paguemos la base.

¿Qué pasó en las elecciones?

Lo ocurrido en las elecciones fue la oportunidad de expresar todo el malestar subyacente de la plantilla laboral: todas las carencias y rabia provocadas por la política anti obrera de los gobiernos panistas y priistas y la falta de una respuesta a la altura de la circunstancias por parte de la dirección sindicales, encontraron una oportunidad de oro para emerger del subconsciente colectivo; de igual manera fueron las elecciones el mejor momento para agrupar a todos aquellos que estuvieran en la misma sintonía, la premisa fundamental de la unión fue precisamente el rechazo a la actual política sindical.

El rasgo distintivo de estas elecciones fue la tremenda caída del número de votos que obtuvo Martin Esparza, podríamos decir que una buena parte de los votos por la planilla opositora fueron por no votarle a él, un voto de castigo contra la ineficacia de un política basada en la negociación a espaldas de los trabajadores, la indiferencia ante los problemas laborales y los intereses personales.

Muy a pesar de algunos, un simple cambio de personaje no es la solución, Martin Esparza, su comité y su política solo son el desarrollo superior de la política que se realiza todos los días por las comisiones de trabajo, este aparato sindical, que es el actual soporte real de los verdes. Los representantes elevan la autoridad que aun tienen sobre los trabajadores, sobre los derechos de estos, condicionando las prestaciones a su arbitraria decisión o manteniendo una actitud de sumisión y limosneo frente a la administración, pensando, por si no pudiera estar peor, que no hay otra forma, pues hay que “ponernos la camiseta de la empresa” aunque esto signifique pagar por el robo, ineficacia y crisis que nosotros no provocamos. El actual burocratismo es el resultado de un proceso en el cual la dirigencia ha perdido la visión de clase y la confianza en los trabajadores y sus métodos de lucha, no de la amoralidad o soberbia de una persona

Oponer autonomía y democracia es un engaño

La lucha contra todo este marasmo de atavismos burocrático tiene su eje en la lucha por la participación amplia y activa de la base en la toma de decisiones en la organización, es decir, en la consecución de la democracia obrera, de la más amplia libertad de discusión que permitirá la máxima unidad, pues al ser de todos las decisiones, será más fácil actuar como un solo hombre, con unidad. Esta democracia es a su vez la premisa fundamental de una autonomía sindical efectiva, pues de nada sirve una independencia formal frente al Estado, si en la práctica la dirección acepta, aunque sea disimulado, los ataques de la burguesía contra nuestros derechos, es decir, así no hay independencia política e ideológica real, ni tampoco sindical. La democracia y la autonomía marchan juntas, no se pueden oponer, son dos caras de una misma moneda, oponerlas equivale a enfrentar los intereses de la clase obrera con los métodos para luchar por ellos.

En defensa del SME y por la democracia sindical

Somos la base los que debemos decidir si aceptamos o no a alguien en la dirección de nuestro sindicato. La intervención de Estado en los asuntos internos del SME no es otra cosa más que la violación de nuestra independencia sindical. El gobierno, en este caso Calderón y la STPS, representan los intereses de los patrones; es más, en nuestro caso, al ser LyF una empresa del Estado y este nuestro empleador, el gobierno actúa al mismo tiempo como juez y parte.

Respecto a las elecciones del 2 de julio que le dieron el triunfo a Martín Esparza sobre Alejandro Muñoz por una minúscula diferencia de 352 votos, son miles los compañeros que están seguros de que el resultado fue obra de un fraude. Alejandro Muñoz interpuso ante la Secretaria del Trabajo, el 8 de julio, una demanda por fraude electoral, cuestión que ha sido tomada como pretexto para que el Estado, negando la entrega de toma de nota a Martín Esparza, meta sus manos en la vida interna del SME para intentar desestabilizarlo, confróntalo a su interior y propiciar una ambiente favorable para que Calderón se lance con todo contra nuestro contrato de trabajo y contra la misma LyF. Estas, y no la democracia interna del SME, son las razones que motivan la intervención de la STPS negando la toma de nota al SME.

Debemos rechazar a toda costa la intervención de Estado y el camino a seguir es el de la movilización del SME haciendo llamados a la unidad con el resto de los sindicatos en defensa de la autonomía sindical, pero agregando a este llamando demandas por la defensa del empleo y contra los despidos, a favor de un aumento salarial de emergencia del 100%, contra el paquetazo 2010 de Calderón el cual pretende imponer el IVA disfrazado del 2% a medicamentos y a alimentos a la par de elevar en los hechos este tipo de impuesto en el resto de productos del 15 al 17%; contra los recortes al gasto público en educación, salud, el campo y a la industria pública como LyF y la CFE; además de impedir que se eleven las tarifas de luz, gas y gasolina; además de luchar contra todas las privatizaciones.

Tenemos que enarbolar un programa de lucha que unifique nuestras demandas con las del resto del movimiento obrero, para poder movilizarnos junto a más sindicatos para lanzar y organizar, además de marchas y mítines masivos, una huelga general de 24 horas en la que los trabajadores de LyF participaríamos bajando el switch. Este tipo de acciones, al lado de la lucha organizada y su extensión al resto del movimiento obrero, son la más solida manera de defender la autonomía del SME así como los derechos de sus agremiados.

Sin embargo, insistimos, la lucha por la defensa del SME y su autonomía no entran en contradicción con la lucha por la democracia interna. Ante el fraude de las elecciones internas, el camino no era el de solicitar la intervención del Estado por medio de la Secretaria del Trabajo, sino el de dar la batalla interna convocando en todas partes, desde oficinas a talleres, etc., a crear comités por la democracia interna exigiendo la creación de una comisión interna que saneara el proceso y eliminara de la contabilidad todos aquellos votos fraudulentos. Sólo bajo la condición de generar una serie de mecanismos que le aseguren un férreo control directo de la base sobre los diferentes procesos internos de elección, se puede tener elecciones transparentes y democráticas.

Ni antidemocracia ni intervención del estado

El camino a seguir en la lucha por la democracia interna es el de una mayor participación de los trabajadores en la vida interna del sindicato. Es por ello que esta lucha debe tener como una de sus principales consignas el cumplimiento de los estatutos, controlado por la base; hablamos de la realización de asambleas departamentales y seccionales para dar una amplia y verdaderamente democrática discusión acerca de lo que esta sucediendo, en ves de chismes por todos lados, y en estas asambleas controlar el cumplimiento escrupuloso de las facultades de los representantes así como de los miembros del comité central, donde se informe, discuta y revise la política del sindicato para reencauzarla en función de nuestros intereses, vigilar que se tome ninguna clase de acuerdo a la espalada de los trabajadores sobre aumentos salariales, el contrato colectivo, los bienes y recursos del sindicato, así como tampoco en el caso de la política a seguir contra las medidas privatizadoras y demás ataques a LyF. Todos estos asuntos y otros competen a los trabajadores y siempre se tiene que lanzar una amplia información y consulta con toda la base que asegure una decisión democrática.

La defensa de la autonomía sindical no puede ir separada de la lucha por la democracia interna. Compañero del SME únete a nuestra expresión y lucha por estas ideas a la par de lanzar acciones en defensa de nuestro contrato de trabajo y de LyF.

jueves, 1 de octubre de 2009

2%, 2010, 2012

La numerología no hace buena combinación con la política, por ello no pretendo hacer el esfuerzo, sólo resaltar la importancia de estos tres números para la dirección de la política nacional a corto plazo.
El primero provine de la nada novedosa, mal intencionada y retrógrada propuesta del ejecutivo federal, quien pretende grabar con el 2% todos los consumos que realicemos los mexicano, hasta en los maniatados medicinas y alimentos que se decían respetados por todos los partidos, ya veremos las actuaciones, poco alentadoras, de cada uno de ellos. El impuesto del 2% generalizado al consumo se escuda bajo un argumento poco sólido e incongruente; se dice que es un impuesto creado para ayudar a las familias más pobres del país. Es contradictorio en primera instancia por su emisor, el gobierno federal y su titular, quienes nuca se han preocupado por la población más pobre del país, el PAN ha sido desde hace 70 años y será en todo su futuro un partido que proclame los intereses de la clase acaudalada, ya que de ahí nació y en su filas militan o simpatizan la clase empresarial en su conjunto. Siguiendo con las contradicciones provenientes del emisor encontramos también que bajo el argumento que hoy enarbolan “quitemos a unos para dar a otros” ayer se retorcían por plantearlo como injusto, al grado de cometer fraude electoral para que no ganara el PRD, pues una vez llegando a la presidencia el candidato de este partido, les quitaría a los ricos para darles a los pobres (sic).
Pero si creyéramos que la intención es realmente ayudar a los pobres de México, salta de inmediato la reacción de preguntar por qué han de hacerlo hoy si nunca lo han hecho y la respuesta es más que sencilla y obvia pues nada en política es bien intencionado ni improvisado, aquí salta pues nuestros otros números invitados a la reflexión, el primero y con menor fuerza que hace un año o quizá dos, la memoria subversiva, conmemorativa de los centenarios, pues se corría una voz ligera pero constante que invitaba e invita a la necesaria reorganización política y social nacional por la vía que fuera necesaria; por ello es mejor apaciguar las aguas, antes de que se revuelvan, hacer un tímido esfuerzo para que la gente más pobre y más proclive a la invitación subversiva reciba algo y se desanime, pues cierto es, la desorientación y la falta de rumbo se sufren menos con pan en boca. Sin embargo este planteamiento de levantamiento parece cada día más lejano, no deja por ello de ser este 2% directo (sic) a las familias más pobres de México una estrategia para distraer y desarticular posibles organizaciones en busca de un mejor reparto de los recursos.
Algo que resulta más acorde pensar para nuestra realidad política es observar que la espuria administración actual se encuentra ya a la mitad de su mandato, lo que necesariamente la hace pensar en las próximas elecciones federales -y en el descalabro que sufrió ante el PRI- con miras a continuar en el ejecutivo, por ello más que ayudar a los pobres del país se los quiere echar al bolsillo, ampliado su nueva y escaza base social, rural y campesina, para que les pueda condicionar el voto a cambio de programas asistencialistas que dicho sea de paso no solucionarán el problema de la pobreza, pues bien deben conocer nuestros amigos del PAN, católicos por excelencia, las enseñanzas de nuestro señor en cuanto a aquel sabio consejo que dice “si quieres que tu hermano no se muere de hambre, no les des más el pescado en la mano, enséñale a pescar”.
Para terminar es necesario hacer una última pregunta, qué temporalidad tendrá este impuesto, pues si se argumenta que es para paliar la pobreza nacional, debe establecer un tiempo a cumplir sus objetivos y no pasar a ser un impuesto más que ensanche las arcas del gobierno y sus antes beneficiados sean sus nuevos afectados.