lunes, 19 de octubre de 2009

A discusión – Liquidación y recontratación. (1ra versión)

En el contexto de la Guerra de Vietnam y “utilizando un conjunto de razonamientos y de análisis que son específicamente geográficos” en 1972 Ives Lacoste logró demostrar la estrategia y la táctica utilizada por el estado mayor americano en la destrucción de los diques que protegen las llanuras extremadamente pobladas del Vietnam del Norte. “Estos diques, cuya importancia es, de hecho, absolutamente vital, no podían ser objeto de bombardeos masivos, directos y evidentes, pues la opinión pública internacional lo habría interpretado como la prueba de la perpetración de un genocidio. Era preciso, pues, atacar esa red de diques, de manera precisa y discreta, [que] se rompieran en los lugares donde la inundación tendría las más desastrosas consecuencias” (Lacoste, 1976).

De igual forma es que a partir de un conjunto de razonamientos y de análisis, no específicamente geográficos, pero sí esencialmente espaciales, se considera la coyuntura del conflicto laboral entre la dirigencia del SME y el gobierno federal (que se resuelve fundamentalmente a partir de los pactos entre Martín Esparza y Fernando Gómez Mont) con el objetivo de establecer los posibles escenarios que habrán de enfrentar los trabajadores de Luz y Fuerza en el siguiente mes.

Como preámbulo, es preciso reflexionar sobre los resultados de la reunión que mantuvo la dirigencia del SME (Martín Esparza, Alejandro Muñoz y 10 personas más) con Gobernación (Gómez Mont, Gerónimo Gutiérrez y Héctor Serrano como representante de Marcelo Ebrard) después de la marcha del jueves pasado, cuando el SME demostró “su poder de convocatoria” (lejos de cifras, lo cierto es que aún después de las 9 de la noche los contingentes seguían entrando al Zócalo).

El mismo viernes, después de 7 horas de negociación, SEGOB reiteró que la liquidación de LyFC “es irreversible” mientras que la dirigencia del SME declaró que el gobierno federal no presentó “ninguna propuesta seria” ante la amenaza que Martín Esparza lanzó durante el mitin en el Zócalo “no pararemos hasta que nos regresen nuestro empleo” –nunca habló de defender la Compañía de Luz y Fuerza, otra de las demandas de los trabajadores.

No hubo más declaraciones sobre el contenido de la reunión; Martín Esparza no dijo una palabra a los reporteros, quienes incluso fueron replegados y agredidos por policía antimotines. ¿Por qué tanto celo?

La primer hipótesis es que las “opciones laborales y productivas” que presentaron este domingo los secretarios del trabajo y economía (Lozano Alarcón y Ruiz Mateos) para los trabajadores que acepten su liquidación antes del 14 de noviembre revelan algo de la naturaleza de las negociaciones y del posible desenlace de este conflicto:

Por un lado ofrecieron becas de 5, 382 pesos (equivalente a una beca de maestría) para la “reconversión laboral”, es decir, para capacitarlos en inglés, computación, mecánica automotriz, refrigeración, electricidad, etc. Y por otro, asesoría de consultores especializados para desarrollar en los ex-trabajadores “habilidades gerenciales” que les permitan invertir su liquidación en franquicias o en sociedades cooperativas que ofrezcan servicios a CFE.

La segunda hipótesis plantea que el actual escenario de “acumulación originaria” o “por desposesión” (Harvey, 2004) que sufren hoy los trabajadores de la energía fue diseñado, ejecutado y afinado en los trabajadores de la tierra, en el contexto de la reforma agraria de 1992 dirigida a la conversión del ejido en propiedad privada.

En los 17 años que van de 1992 cuando Salinas (mediante Luis Téllez -secretario de agricultura) engañó a los ejidatarios con convertirlos en empresarios agrícolas, al 2009 en que Gómez Mont (mediante Lozano) promete hacer lo propio con los electricistas, sólo ha cambiado la espacialidad del despojo: del campo a la ciudad; y por tanto, la celeridad de las transformaciones, dada por la dispersión-concentración de los recursos y de los trabajadores.

Fueron dos millones de ejidatarios, repartidos en unas 23 mil asambleas ejidales a lo largo de 2 millones de hectáreas (la mitad del territorio nacional), quienes se enfrentaron ante la decisión de aceptar o rechazar la sobrevivencia de sus ejidos como propiedad privada. El proceso, fijado en un principio para un año, duró 14 años (1992-2006) alcanzando el 84% de ejidos.

Ahora son 45 mil electricistas y 1,100 km de fibra óptica, concentrados sobre todo en la Ciudad de México, quienes tienen un plazo de un mes para aceptar o rechazar la liquidación que (supuestamente) les permitirá sobrevivir como contratistas; en los primeros 3 días fueron liquidados unos 3,000 trabajadores (un 6%).

El proceso de acumulación originaria o por desposesión, consistente en separar al trabajador de su objeto y herramienta de trabajo, para reconstituir ésta unión bajo el mando capitalista, se traduce como una intensificación o profundización del dominio de empresas privadas sobre la infraestructura productiva del país: en este caso, la fibra óptica.

Ante este panorama, la tercera hipótesis consiste en señalar las posibles negociaciones que realizó el viernes SEGOB con la dirigencia del SME: franquicias para controlar segmentos del negocio de la fibra óptica; al menos una para el grupo de Martín Esparza y otra para el grupo de Alejandro Muñoz. Los grupos sindicales subordinados, pero fuertes, conseguirán contratos para la administración de la infraestructura mediante la formación de sociedades cooperativas.

En el plazo de un mes, una vez que estas negociaciones se consumen, los trabajadores que hayan servido como medio de presión, además de contar con su liquidación podrán competir en el mercado de trabajo (y ser subcontratados por sus líderes) bajo mejores condiciones que los 2.8 millones de trabajadores desempleados que han sumado estos 3 años de (des)gobierno. El resto, unos 35 mil según cálculos del propio Carstens serán los que fortalezcan la resistencia.

El despojo es siempre un proceso violento (Marx), aunque se oculte bajo una apariencia democrática. No puede darse mediante bombardeos masivos, directos y evidentes, pues la opinión pública lo interpretaría como la prueba de la perpetración de un genocidio. Por eso es preciso atacar de manera precisa y discreta, sólo en los lugares donde las consecuencias sean más desastrosas.

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